Urge reformar el Sistema Público de Pensiones
El debate de las pensiones públicas debería haber dejado de serlo hace tiempo. Hace años que se conocen las cifras de baja natalidad y el progresivo aumento de la longevidad de la población, temas ambos que van a tener un impacto creciente en la tasa de sustitución en los próximos años.
Se argumenta que en realidad las pensiones españolas están bien remuneradas, incluso por encima de la media europea. En España suponen un 80 por ciento del último sueldo percibido, en Europa la media es de alrededor del 50 por ciento. Refiriendo estos porcentajes al salario medio europeo y español, tenemos que, según los últimos datos disponibles en Eurostat (2016) en la Unión Europea de los 28 es de 16.561 euros, frente a los 13.685 euros de España, un 17% inferior. Si la comparación es respecto a la Zona Euro (18.230 euros) la diferencia es mayor, un 33%.
La Comisión del Pacto de Toledo tiene el encargo de realizar una recomendación, que se está dilatando más allá de la fecha objetivo. Las medidas de los últimos años retrasaron la edad de jubilación, hasta los 67 años, además de aplicar una revisión en la cuantía, desvinculada del IPC pero vinculada a un factor que, a partir de 2019, comenzará a tener en cuenta la esperanza de vida, así como la evolución de la economía española, algo sobre lo que los pensionistas no tienen capacidad de influir.
Los mínimos establecidos de 0,25 por ciento parecían justificables cuando la economía estaba aún en recuperación y el IPC se situaba en terreno negativo, pero a partir de 2017 este incremento mínimo comienza a traducirse en muchos casos en un descenso por dos vías: por el aumento de la inflación y por pasar a un grupo de cotización superior. Aunque han servido para paliar parcialmente el desequilibrio existente, ninguna de estas medidas ha conseguido satisfacer a las partes. El gobierno casi ha agotado el Fondo de Reserva y los pensionistas están descontentos al ver disminuir la cuantía mensual de su pensión.
La propuesta de la patronal INVERCO, respecto a la creación de un Sistema Mixto que complemente el Sistema Público con cuentas nocionales, parece una alternativa razonable. Puesta en práctica con éxito en países como Suecia, Italia, Letonia o Polonia, las aportaciones se distribuirían entre empleado y empleador. En un país donde más del 95 por ciento de las empresas son PYMES, la propuesta requeriría de un esfuerzo por parte del gobierno para que se creara un Plan Simplificado para PYMES o bien para que estas puedan realizar aportaciones a Planes de Pensiones del Sistema Individual a cuenta de los empleados.
Una propuesta que permitiría salir de este impasse, en un asunto tan importante como es que el Estado sea capaz de cumplir con un pacto establecido con los ahora pensionistas durante sus años en activo. Si es necesario cambiar las condiciones, debería hacerse con prontitud y comunicarse con claridad, para evitar la intranquilidad de un segmento importante de la población que no dispone ya de mecanismos ni, en muchos casos, de capacidad física para acceder a otras fuentes de ingresos.
A la vista de la falta de acuerdo que se percibe entre las fuerzas políticas, parece que la inversión en un plan de pensiones del sistema individual es una de las pocas opciones que la población en activo tiene a su disposición por el momento, para complementar las Pensiones Públicas. Esta parece ser la conclusión a la que muchos han llegado, si tenemos en cuenta las aportaciones netas a Planes de Pensiones del Sistema Individual durante 2017 que suman 1.985 millones de euros, aumentando desde los 1.644 millones de 2016, según datos de VDOS.
